En el marco de las
recientes elecciones de gobernadores y alcaldes en Colombia, se ha iniciado el
proceso de transición en las diferentes secretarías de educación a nivel
nacional. En este contexto, desde la Fundación Empresarios por la Educación,
destacamos la importancia de garantizar la continuidad del servicio educativo a
los 7.814.744 estudiantes del sistema educativo público, que corresponden al
78,4% del total de matriculados, como una prioridad en las comisiones de empalme
que se están llevando a cabo actualmente.
La transición en las secretarías de educación es un periodo crucial que demanda una gestión eficiente para asegurar que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro país continúen recibiendo una educación de calidad ininterrumpida. En este sentido, hacemos un llamado a todas las nuevas administraciones para que desde ya se planeen estrategias y alternativas que garanticen el inicio sin contratiempos del calendario escolar 2024. Enfocándose en mantener y fortalecer los procesos esenciales que impactan directamente en el derecho a la educación de nuestros niños y niñas, trabajando en la planificación y ejecución de estrategias que permitan la continuidad efectiva del servicio educativo.
Instamos a los equipos entrantes a dar especial atención a procesos críticos como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar, y los servicios de aseo y vigilancia en las instituciones educativas. Por ejemplo, para 2023, el PAE proporcionó alimentación a 3,4 millones de estudiantes.
Estos servicios son fundamentales para el bienestar, la seguridad de los estudiantes y la continuidad de los procesos educativos. Reconocemos la importancia de que las nuevas administraciones tomen las decisiones que consideren pertinentes para mejorar la eficiencia y adaptarse a las necesidades específicas de cada comunidad educativa.
En este periodo de cambio, recordemos que la educación es un pilar para el desarrollo de nuestra sociedad y un derecho fundamental de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. La garantía del derecho a la educación debe ser una prioridad, y confiamos en que las nuevas administraciones trabajen de la mano con las secretarías salientes para asegurar la continuidad del servicio educativo.
Andrea Escobar Vilá, directora ejecutiva de la fundación Empresarios por la Educación afirma “que la transición de los nuevos gobiernos entrantes no afecte la prestación del servicio educativo para los más de 7 millones de niños, niñas y jóvenes del país. Esto incluye estrategias de permanencia como la alimentación escolar, acceso como el transporte escolar y adicionalmente los servicios de aseo y vigilancia que permitan asegurar los servicios de las instituciones educativas”
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