Para que la economía colombiana pueda crecer en 2024 entre el 1 % y el
1.2 %, se necesita que este 29 de febrero la Junta Directiva del Banco de la
República bajé su tasa de intervención cien puntos básicos.
Así lo afirmó Henry Amorocho Moreno, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, quien al ser indagado sobre el comportamiento del PIB este año, indicó que el crecimiento económico es responsabilidad de todos: del gobierno central ejecutando el cien por ciento de su inversión pública, de la Junta Directiva del Banco de la República bajando su tasa de intervención al 8 % este año y, desde luego, del sector privado.
“El crecimiento económico de 0.6 % del país en 2023 es una invitación a reflexionar sobre la urgente necesidad de buscar ventanas de salida hacia un crecimiento mejor en el 2024. Si queremos tener un crecimiento entre el 1 % y el 1.2 % este año, lo primero que debe pasar es que el Estado ejecute toda la inversión apropiada en el presupuesto 2024, que está cercano a los 100 billones de pesos”, explicó.
“Se requiere también que la Junta Directiva del Banco de la República se comprometa a bajar la tasa de intervención del 13 % al 8 % este año. Para que esto suceda, es indispensable que el próximo jueves 29 de febrero el Emisor baje 100 puntos básicos la tasa de interés”, resaltó Amorocho.
Para el economista, este descenso en la tasa de intervención sería un mensaje claro del compromiso de la Junta Directiva del Emisor de contribuir al crecimiento del país para reactivar y recuperar la economía.
El Ministerio de Hacienda también debe hacer un seguimiento especial al sistema de precios y velar por el mantenimiento adquisitivo de la moneda, que la lleve a niveles de un 5 %, aproximadamente, a finales de 2024, agregó.
Igualmente, se necesitan compromisos serios para buscar sectores estratégicos donde se produzcan fenómenos multiplicadores en materia de crecimiento de exportaciones y de reindustrialización, como el sector agropecuario y el sector turismo. Desde luego, alimentados con dineros y apropiaciones del Estado en materia de su gasto público de inversión.
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