En el webinar “Impacto del COVID en el mercado legal de Productos de Consumo Masivo en Colombia” organizado por la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) y, en el cual se contó con la participación del ministro de Comercio Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, el director de la DIAN, José Andrés Romero, Bruce MacMaster, presidente de la ANDI y Esteban Giudici, Senior Policy Advisor – Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT), se presentó el Estudio sobre la Caracterización del Comercio Ilegal de los Productos de Consumo Masivo en Colombia.
Durante el encuentro, los panelistas compartieron detalles sobre las estrategias e iniciativas que están desarrollando cada uno y algunas opiniones frente a esta problemática que durante años ha afectado a diferentes sectores de la economía colombiana.
Daniel Rico[1], economista y politólogo con amplia trayectoria en el estudio de las dinámicas del comercio ilegal en Colombia y quien lideró con la firma CI Análisis[2] el estudio presentado, destacó algunos de los principales hallazgos de la investigación:
1. Incursión del
delito en el eCommerce
· El comercio electrónico ha reconfigurado los alcances y la anonimidad de las redes de adulteración, falsificación y contrabando, aquí el nivel de exposición a una flagrancia es mucho menor, y la monetización de las ganancias también resulta favorable, en la medida en que los pagos ya quedan dentro del sistema bancario.
· De acuerdo al estudio, los requisitos de entrada exigidos por las plataformas digitales para la comercialización de productos son muy simples y los procesos de corroboración de identidad son bajos, lo cual amplía las posibilidades para que las redes criminales dedicadas a falsificar y adulterar productos accedan sin inconvenientes.
2. La corrupción,
un aliado para las redes delictivas
3. Impactos no
estimados de las políticas públicas en la adulteración/falsificación
· Se puede afirmar que el desabastecimiento de un producto está altamente relacionado con su adulteración. Dicha escasez casi nunca se genera por causas de mercado, en la mayoría de los casos son decisiones de política pública las que generan un desabastecimiento, ocasionado por: controles de horarios a la venta de un producto, restringir la libre venta de un producto, trámites adicionales de compra o establecimiento de cuotas que impiden que una empresa cubra la demanda total de sus consumidores.
· Un ejemplo de ello es cuando las autoridades adoptan restricciones en el horario de venta de licor o ley seca, esto genera en los consumidores una inmediata transición en la demanda, y empiezan a surtirse de bebidas alcohólicas por canales alternos a su consumo tradicional, como son los domicilios, compras por internet o con intermediarios que no acatan la normativa.
· Por esto, la ampliación de los mercados de la adulteración es en muchos casos una consecuencia no prevista de las regulaciones que limitan la accesibilidad y los precios de un producto. Podemos decir que hay una regla de oro, aquellas decisiones que le cierran o restringen los canales de comercialización a los PCM legales, le abren nuevos mercados y oportunidades para la adulteración
4.
Capacidades judiciales e investigativas
· De acuerdo a un informe de la firma de abogados Ruiz Lopez y el cual es presentado por la ANDI en su estudio, el total de condenados por los delitos de falsificación y adulteración es de 999 personas, de los cuales un 81% se han acogido a algún tipo de preacuerdo con las autoridades o sentencia anticipada.
· Estas cifras reflejan el desempeño que han tenido las autoridades frente a esta problemática y se contrasta con los datos de otros delitos económicos como el contrabando y el lavado de activos, donde el número de personas judicializadas son inferiores al 10%.
