Durante el discurso de instalación del 24° Congreso de Riesgos, Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), destacó algunos indicadores que dan cuenta del deterioro de las finanzas públicas del país en los últimos años.
El líder gremial resaltó que el déficit fiscal de Colombia pasará de 3,2% del PIB, promedio de las cifras entre 2015 y 2019, a 7,2% este año, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda. Por su parte, el gasto aumentó de 18,8% a 23,2% del PIB, mientras que la deuda pública de 44,7% a cerca de 60%.
Indicó que los TES a 10 años han alcanzado, por momentos, tasas cercanas al 15% y el gasto público desmedido limitó la capacidad del Banco de la República para reducir la inflación y disminuir la tasa de interés de referencia. En ese contexto, recordó que el año pasado la economía colombiana apenas creció 2,5%, mientras que la inversión como proporción del PIB se desplomó de un 23,4% en 2015 a 16,7% en 2025.
El presidente de Asobancaria recordó que, según lo expresado por el Gobierno, su apuesta es reducir el tamaño del Estado y permitir que el sector privado florezca.
“Este es un gobierno que le apuesta al crowding in y en esa estrategia los bancos tienen un rol central y definitivo. En un momento de crisis fiscal, cuando el sector público ya no puede continuar aumentando más su gasto, el sector privado debe dar un paso adelante y echarse al hombro el crecimiento de la economía. Y a los bancos nos corresponde acompañarlo”, argumentó.
Mencionó que el crédito es el principal vehículo para recuperar la inversión y el crecimiento económico. En este proceso, la gestión de riesgos desempeña un papel fundamental, pues permite mejorar la evaluación de los deudores, facilita el acceso al crédito de nuevos segmentos, optimiza la asignación del capital, viabiliza proyectos más complejos y fortalece la confianza y la estabilidad del sistema financiero, todo esto mientras se protegen los ahorros de los depositantes.
Malagón destacó algunos de los retos en los que es necesario trabajar para impulsar el crédito. Entre ellos, mencionó la revisión de la metodología de cálculo del Interés Bancario Corriente (IBC), con el fin de excluir aquellas tasas que no responden a las interacciones del mercado, como el redescuento y la cartera sustitutiva, así como separar las modalidades de consumo y ordinario. También señaló la importancia de avanzar en el objetivo que se trazaron los bancos de rebancarizar a 5 millones de adultos durante el cuatrienio.
Además, manifestó que la insolvencia de personas naturales es un mecanismo legítimo para quienes están enfrentando dificultades económicas reales; sin embargo, algunas personas lo están utilizando de manera fraudulenta para evadir obligaciones, una práctica que configura el denominado “cartel de la insolvencia” y frente a la cual se requieren medidas contundentes.
El presidente también destacó los avances del país hacia indicadores más precisos y una mejor información sobre las condiciones de mercado. En ese sentido, recordó que la transición de la DTF al IBR, prevista pare el 1 de enero de 2027, representa un avance importante, pues permitirá contar con una tasa de referencia más oportuna, con variedad de plazos y que refleja mejor las condiciones del mercado monetario. “Desde Asobancaria hemos acompañado este proceso mediante espacios de coordinación con las entidades, el Banco de la República, la Superintendencia Financiera y los proveedores de precios”, recalcó.
En materia de lucha contra el fraude, señaló la necesidad de implementar el registro de tarjetas SIM, pues actualmente existen dificultades para identificar a los responsables de llamadas y mensajes utilizados para cometer extorsiones y delitos financieros, incluidos aquellos que se originan desde las cárceles. Asimismo, indicó que es necesario centralizar la información sobre modalidades de fraude y definir el modelo para su administración.
Por último, se refirió al fenómeno de El Niño, señalando que los pronósticos apuntan a un episodio que se ubicaría entre los más intensos desde que existen registros modernos. Ante este panorama, planteó la necesidad de analizar si se requieren instrucciones particulares para atender dificultades que podrían enfrentar algunos deudores de sectores específicos, como el agropecuario y el energético.
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