El estudio se centró en dar a conocer a los tenderos las normas vigentes sobre juegos de azar y sensibilizarlos sobre los riesgos y consecuencias legales que conlleva operar una máquina tragamonedas para sus establecimientos.
Cristina Arango Olaya, presidenta de Coljuegos, resaltó la importancia del estudio realizado, ya que permitió detectar que hay personas inescrupulosas que se aprovechan del desconocimiento de las normas para engañar a los tenderos y hacerlos incurrir en el error de tener máquinas tragamonedas en sus establecimientos.
“Agotada la campaña pedagógica, Coljuegos inició con los operativos de control que incluyen sanciones como la destrucción de las máquinas, multas de más de $50 millones de pesos por máquina y denuncias penales que acarrean condenas de 6 a 8 años de cárcel”. Afirmó la directiva de la entidad.
Por otra parte, Arango sostuvo que “Gracias a los buenos resultados del estudio, extenderemos la campaña en los pequeños comercios en el resto del país. Hay que recordar que al tener en un establecimiento juegos de suerte y de azar no autorizados se desvían los recursos para la salud pública de los colombianos.
Guillermo Botero Nieto, presidente de FENALCO, agregó que todos los esfuerzos y capacitaciones que se hagan en busca del cumplimiento de la ley son bienvenidas. Desde luego queremos medidas preventivas y no sancionatorias.
Coljuegos ha realizado en lo corrido del año, operativos de control, en los que retiró más de 1.135 máquinas electrónicas tragamonedas que operaban de manera ilegal en todo el país, de las cuales 500 se han encontrado en Bogotá. ´
Los tenderos y dueños de pequeños establecimientos, no se deben dejar engañar de personas inescrupulosas que solo buscan lucrarse de un negocio ilegal que les puede salir caro. Coljuegos, seguirá adelantando acciones de control en cualquier lugar donde encuentre operación no autorizada de juegos de suerte y de azar, y procederá a retirar estos elementos y destruirlos, y se iniciarán los procesos sancionatorios contra los implicados (multas de $50 millones de pesos y denuncia penal que deriva de 6 a 8 años de prisión.
