ASOLECHE emite una enérgica voz de protesta frente a la injusticia que se comete contra industria y cooperativas lácteas de todo el país, al anunciarse por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio sanciones por “prácticas restrictivas de la competencia”, al incumplirse una resolución del Ministerio de Agricultura que fue derogada por el mismo despacho en menos de seis meses, debido a sus graves inconsistencias y nocivos efectos contra la libre competencia. En un error de política económica, se dijo en la Resolución 337 de 2005 que las empresas procesadoras de leche incurrirían en prácticas restrictivas de la competencia al comprar con precios inequitativos a los productores; esto es si se presentase una variación injustificadamente superior entre el precio al cual el industrial vende la leche en el mercado y el precio pagado al productor. Puesto que no existe relación alguna entre el precio de la materia prima que la industria compra al ganadero productor y el precio del mercado al consumidor final, se distorsionó así el mercado lácteo del país, acabando con todo incentivo industrial a la inversión en investigación y desarrollo (I&D).
Mientras el precio al productor responde a factores climatológicos que determinan la abundancia o escasez en la producción de leche, el precio al consumidor obedece a factores socioeconómicos como la inflación, el nivel de empleo, y la adquisición de nuevas tecnologías por parte de la industria, lo cual afecta presupuestos tanto de industria para expandir mercados como de consumidores para aumentar su demanda por productos lácteos.
Tal fue el error cometido con la Resolución 337 que el Ministerio de Agricultura formuló una nueva resolución de control de precios en menos de seis meses. Sin embargo la Superindustria abrió investigaciones e impuso sanciones a la industria láctea, aun cuando la información estadística de la cual partieron las investigaciones fue entregada a la Superintendencia con errores de tabulación e interpretación por el entonces Secretario Técnico del Consejo Nacional Lácteo, lo cual se encuentra documentado dentro de los expedientes respectivos. La Resolución 337 del Minagricultura se encuentra actualmente demandada por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado y se espera la emisión del fallo próximamente.
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