Un estudio realizado por
Fedesarrollo hace por primera vez una radiografía completa del sector de
seguridad y vigilancia privada en Colombia y evidencia, no solo la importancia
de éste para la economía nacional, sino los retos y oportunidades que enfrenta
de cara a un probable repunte del crecimiento económico previsto para los
próximos años en el país, y que llevaría a que la demanda de estos servicios
crezca.
El informe, liderado por la actual subdirectora del centro
de investigación, Camila Pérez, explica que el sector se mueve al ritmo de la
economía y por tal razón, en los últimos 2 años la significativa reducción en
la tasa de crecimiento de Colombia, producto de la caída del precio del
petróleo, que se tradujo en una fuerte contracción de las exportaciones, la
devaluación del peso y una reducción de la inversión extranjera se tradujo en
una importante disminución en el número de servicios prestados de seguridad y
vigilancia privada.
Los bajos resultados de los últimos años van en contravía
con la tendencia mundial e incluso con los números recogidos en Colombia
durante la última década, cuando el crecimiento
anual de los ingresos del sector fue cercano al 10%. Para el 31 de diciembre de
2017 las empresas de vigilancia y seguridad privada habían reportado $9,2
billones de pesos en ventas, con un crecimiento de 7% frente al año anterior.
Sin embargo, según la investigación, que cuenta con
componentes cuantitativos y cualitativos, con la dinamización en el mediano
plazo del crecimiento del sector de la construcción, especialmente el
componente de obras civiles, del sector agrícola y de la minería, es de esperar
que la demanda de servicios de seguridad y vigilancia privada se recupere, pero
con tasas de crecimiento inferiores a las observadas a comienzos de esta
década. Así mismo, el proceso de urbanización y crecimiento de las ciudades en
el país impulsarán la demanda del servicio hacia futuro.
Crecimiento del PIB vs. Servicios de Seguridad y Vigilancia
Privada
“El sector cuenta con importantes retos, especialmente en
materia regulatoria, por lo que la actualización del marco normativo debería
ser una prioridad”, resalta Pérez. En
efecto, hoy en Colombia no existe una regulación adaptada a los cambios
tecnológicos (seguridad electrónica, drones, armas no letales, por mencionar
algunas) que permita que el sector avance y ofrezca una mayor gama de
servicios. Así mismo deben llenarse algunos “vacíos” legales que llevan a la
existencia de servicios como el transporte de valores en motos, que no cumplen
con los estándares de calidad ni de seguridad adecuados.
A pesar de que el sector de seguridad privada tuvo origen en
Colombia hace más de 50 años, su legislación fue posterior. Los primeros pasos
para su formalización se dieron en la década de los sesenta y es hasta 1994,
con el decreto 356, que se implementa un marco regulatorio específico que aún
sigue vigente. “Aun cuando se han expedido más de 50 decretos reglamentarios y
resoluciones de la Superintendencia con el fin de modificar o complementar la
normatividad existente, ésta no alcanza a cubrir los cambios que se presentan
en el mercado, y varias de las numerosas propuestas radicadas en el Congreso
han sido archivadas”, explica Pérez.
Así mismo, destaca el informe, el fortalecimiento
institucional de la Supervigilancia debe ser prioritario, toda vez que resulta
fundamental mejorar los sistemas de reporte y procesamiento de información del
sector, los cuales están desactualizados y presentan inconsistencias. Así
mismo, es importante simplificar y racionalizar los trámites de licencias y
capacitaciones que deben surtir las empresas del sector y procurar que éstos
sirvan para mejorar el servicio que brindan.
Si bien en Colombia existe una estructura establecida para
estas capacitaciones, la investigación devela varias fallas de este sistema: el
curso de reentrenamiento anual siempre tiene el mismo contenido, no existe una
malla curricular definida para quienes prestan el servicio de transporte de
valores, el contenido de los cursos no tiene supervisión por parte del
Ministerio de Educación, no existe un perfil establecido para los docentes de
las academias de capacitación (lo que conduce a que no haya estándares de
calidad en la educación que se imparte) y dentro de las academias que realizan
la capacitación existe mucha informalidad.
“Es urgente e importante, que la Superintendencia mejore su
capacidad técnica al interior de la organización, con el fin de lograr una
adecuada labor de control”, señala la investigadora.
Con el objetivo de conocer la percepción sobre la situación
actual del sector, en el marco de la investigación, Fedesarrollo realizó una
encuesta dirigida a empresas dedicadas a la prestación de servicios de vigilancia,
transporte de val
ores, blindadoras y seguridad electrónica. La encuesta se
envió a 1.000 empresas, de las cuales 187 diligenciaron el formulario.
Dentro de los resultados más destacados se resalta que las
empresas tienen la percepción de que existen dificultades para la contratación
de servicios de seguridad con el Estado, principalmente por temas relacionados
con falta de transparencia en los procesos.
Por otro lado, se encontró que el ingreso básico de los
trabajadores del área operativa es mayor a un salario mínimo en el 75% de las
empresas encuestadas. Además, el 78% de ellas ofrece beneficios extralegales.
Al clasificar por tamaño de empresas, las microempresas son las que presentan
unos salarios más bajos para quienes prestan el servicio de vigilancia y
seguridad.
En cuanto al marco normativo, existe una inclinación de los
encuestados a que la tarifa de los servicios de vigilancia y seguridad privada
continúe siendo regulada. Un porcentaje importante de empresas considera que
toda la normatividad dificulta la prestación de su servicio y todos los
encuestados coinciden en que una nueva normatividad debe convertirse en la
principal misión del sector.
Igualmente, uno de los hallazgos identificados en las
encuestas es que existe una percepción de las empresas de que la
Superintendencia de Vigilancia cuenta con poca capacidad de gestión, lo que
perjudica el correcto desarrollo del sector. Igualmente, se evidenció que esta
entidad debería ejercer más control sobre aquellas empresas que no funcionan
legalmente en lugar de enfocarse sobre aquellas que sí lo hacen.
Se demanda una adecuada regulación de la seguridad privada
en el país, ya que es un sector que necesita y se está modernizando
constantemente. “El marco normativo tiene hoy más de 20 años de vigencia, aun
cuando las necesidades y alcances del sector se han trasformado con el tiempo y
nuevos elementos como la tecnología han entrado a jugar un papel relevante en
la gama de servicios que se ofrecen. La adecuación de la regulación requiere de
especial atención”, concluye Pérez.
