Francia y la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948

Este año, la Declaración Universal de Derechos Humanos celebra 60 años. Este texto fundamental, redactado el 10 de diciembre de 1948, proclamó por primera vez estos derechos a escala mundial, estableciendo la primera frontera, aunque teórica, a la soberanía absoluta de los Estados. Francia desempeñó un papel importante en su realización. Los Derechos Humanos no se ignoraban en el derecho internacional antes de la Segunda Guerra Mundial, pero el verdadero punto de partida fue la Carta del Atlántico proclamada por Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill el 12 de agosto de 1941. La conferencia interaliada que se celebró en Londres el 24 de septiembre de 1941 fue el pistoletazo de salida de la declaración de René Cassin, nuevo comisario nacional responsable de la Francia libre de la justicia y de la instrucción política, según la cual, "la aplicación práctica de las libertades fundamentales del hombre es indispensable para alcanzar una verdadera paz internacional".
Como delegado del Gobierno francés, experto de las comisiones y consejos competentes de la Organización de Naciones Unidas y como presidente de la comisión consultiva de Derechos Humanos ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, René Cassin desempeñó un papel determinante en la redacción de la declaración de 1948. En 1946, el Consejo Económico y Social de la ONU creó una comisión de Derechos Humanos. El gobierno francés puso al mando a René Cassin, elegido entre tanto vicepresidente del Consejo de Estado. La nueva comisión creó un comité de redacción (del que formaba parte René Cassin) para esbozar la declaración. Cassin presentó un anteproyecto el 16 de junio, que fue adoptado como base de trabajo. Su anteproyecto recuperaba el contenido de la Declaración de Derechos Humanos y del Ciudadano de 1789, pero añadía derechos políticos, el derecho a la nacionalidad, la protección de los extranjeros y derechos sociales, económicos y culturales. Esta última cuestión abriría uno de los mayores debates y supondría una de la mayores dificultades en la compleja elaboración de la declaración de 1948. Sin embargo, esta extensión de la noción de los derechos humanos, más allá de la declaración de 1789, correspondía a la evolución de la concepción francesa en este ámbito, tal y como había sido formulada en el preámbulo de la Constitución de 1946.
La Comisión de Derechos Humanos elaboró un proyecto de declaración en julio de 1948. La Asamblea General de la ONU la adoptó el 28 de agosto de ese mismo año. Los debates fueron complejos. El representante francés, René Cassin, desempeñó un importante papel. Las mayores dificultades procedían de los países comunistas, en particular de la antigua U.R.S.S., que exigía ir mucho más lejos en la definición de derechos económicos y sociales, en concreto de las minorías nacionales. Además, este país se oponía a la creación de un tribunal internacional de Derechos Humanos o de cualquier órgano responsable de examinar las peticiones dirigidas a la ONU. Por su parte, Francia hizo adoptar la mención de declaración "internacional", que contaba con el apoyo de Reino Unido y que evidentemente, tenía un alcance más limitado. Esta mención fue introducida en la declaración del derecho a la nacionalidad y a los derechos generales de los intelectuales. Sin embargo, no logró que se adoptara el derecho de intervención de Naciones Unidas para los apátridas y el asilo político. La Asamblea General de la ONU, con sede ese año en París, adoptó la Declaración el 10 de diciembre de 1948 con todos los países a favor excepto la U.R.S.S, los Estados de la Europa oriental, Sudáfrica y Arabia Saudí, que se abstuvieron. Además, la Asamblea adoptó una resolución que exigía al Consejo Económico y Social examinar con carácter urgente el pacto y los convenios internacionales necesarios para la aplicación efectiva de los términos de la declaración, conforme a la postura de París.
La Comisión de Derechos Humanos había comenzado a preparar en mayo de 1948 distintos proyectos de pactos, uno de ellos propuesto por René Cassin. Sin embargo, el trabajo sufrió retrasos debido al problema que planteaban los derechos económicos y sociales en los Estados comunistas, que rechazaban los proyectos estudiados por considerarlos insuficientes. Este escollo bloqueó un acuerdo durante varios años, y no fue hasta el 16 de diciembre de 1966 cuando se adoptaron en la Asamblea General el pacto internacional sobre derechos civiles y políticos y el pacto internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales. Ambos entraron en vigor en 1976 como parte de la Carta de Derechos Humanos de la ONU. En 1949, las diferentes administraciones francesas eran mucho más reticentes a seguir a René Cassin en su voluntad de poner en marcha convenios de aplicación de la declaración. Lo que preocupaba a los responsables franceses era la creciente tendencia de la Asamblea General de la ONU a utilizar estos futuros convenios para poner en duda, en nombre del derecho de autodeterminación, las colonias,. El punto crucial era el derecho de petición de los individuos o de los grupos ante la ONU en nombre de la declaración. René Cassin era partidario de seguir adelante, con determinadas precauciones.
El principio fundamental debía ser rechazar firmemente toda distinción entre los Derechos Humanos en general y aquellos de los ciudadanos de territorios bajo tutela, entre los derechos de los individuos y aquellos de las minorías. "O todo el mundo o nadie", decía. En otros términos, el principio de universalidad era el mejor medio que tenía Francia de conciliar su posición de principio tradicional y la defensa de sus intereses. Pero los Ministerios de Asuntos Exteriores, de los territorios de Ultramar y de Interior se mostraron mucho más reticentes. En 1949 ya no compartían el mismo punto de vista que Cassin. Además, Francia no firmó los pactos internacionales sobre los Derechos Humanos hasta octubre de 1980.
Este retraso francés se recuperó más adelante, y el país galo se erigió el 20 de febrero de 2007 en el primer país que incluyó la abolición de la pena de muerte en su Constitución. Con ocasión de una reforma constitucional, 828 parlamentarios franceses contra 26 votaron un texto que establecía que "nadie puede ser condenado a la pena de muerte".
Georges-Henri Soutou, Profesor en la Universidad de París-Sorbona (Paris IV)