En el marco del Día Internacional del
Café, que se conmemora cada 1 de octubre, una investigación del Politécnico
Grancolombiano pone la mirada sobre una amenaza que golpea a quienes están
detrás de uno de los productos más representativos de Colombia: la extorsión,
una problemática que los investigadores describen como la “nueva roya” de los
cafeteros. En un país donde más de 500.000 familias viven de la caficultura, el
estudio encontró que este delito afecta con mayor intensidad a los municipios
cafeteros ubicados en territorios históricamente golpeados por el conflicto
armado.
La investigación “Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis
Cuantitativo en Municipios de Colombia”, realizada por los docentes Jaime
Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa, muestra una marcada diferencia
territorial: mientras zonas de alta tradición cafetera como Caldas y Risaralda
presentan niveles relativamente bajos de extorsión, municipios cafeteros
ubicados en Cauca, Meta, Antioquia y Norte de Santander registran escenarios de
mayor vulnerabilidad. La explicación, según la investigación, estaría menos
relacionada con el café y más con las condiciones de seguridad y violencia que
rodean su producción.
La “nueva roya” que amenaza a los cafeteros
Los investigadores utilizan el concepto de la “nueva roya”
para explicar el impacto que está teniendo la extorsión en algunas zonas
cafeteras del país. Así como la roya afecta la planta y puede comprometer la
producción, la extorsión golpea directamente la economía y la tranquilidad de
quienes viven del café. Sin embargo, el estudio muestra que esta amenaza no
afecta por igual a toda la caficultura colombiana, sino que se concentra
especialmente en territorios donde la producción de café convive con condiciones
de violencia y presencia de economías ilegales.
Esta relación ayuda a explicar por qué algunas zonas
cafeteras resultan más vulnerables que otras. La investigación evidenció que,
en varios de estos territorios, la reconfiguración de actores armados posterior
al proceso de paz coincidió con la persistencia de prácticas de presión
económica como la extorsión.
A esa vulnerabilidad territorial se suma el atractivo
económico de la actividad cafetera. Gremios y medios regionales han documentado
que, cuando el precio del grano sube, los grupos armados y las bandas
criminales ven a los productores y a las cooperativas como un blanco atractivo.
En zonas como el occidente del Huila, los cobros y las amenazas se atribuyen a
disidencias de las FARC, quienes citan y presionan a productores y cooperativas
locales bajo la lógica de cobrar "protección" a una economía rural
legal.
Las cifras analizadas por los investigadores muestran cómo
esta problemática ha evolucionado durante la última década. En 2014, los
municipios cafeteros registraban una tasa promedio cercana a 13 casos de
extorsión por cada 100.000 habitantes. La cifra disminuyó hasta 2016, pero
comenzó a crecer nuevamente desde 2017. Después de una caída temporal en 2020,
coincidente con las restricciones de la pandemia, aumentó entre 2021 y 2023. El
2022 fue el año en el que se alcanzó el mayor crecimiento: 19,6 casos por cada
100.000 habitantes.
Este crecimiento también coincide con una transformación en
las formas de presión económica ejercidas por los grupos criminales. Mientras
el secuestro perdió terreno frente a los niveles registrados décadas atrás, la
extorsión ganó protagonismo como mecanismo para obtener recursos, incluso en
zonas rurales y cafeteras. Según la Fundación Pares, la extorsión ya no está
asociada únicamente a las dinámicas tradicionales del conflicto armado, sino
también a la actuación de bandas criminales, lo que ha ampliado el alcance del
fenómeno en el país.
¿Dónde golpea con más fuerza al sector cafetero?
Entre los municipios que combinan extorsión y producción de
café, aparecen Angostura, Anzá, Barbosa, Ciudad Bolívar y Montebello, en
Antioquia, con tasas de entre 25 y 65 casos por cada 100.000 habitantes y más
de 600 hectáreas de café cosechadas en sus territorios. También se destacan
Buenos Aires y Caldono, en el Cauca, con tasas de entre 26 y 34, en una región
con fuerte accionar de disidencias. También El Carmen y El Zulia, en Norte de
Santander, donde el café convive con una historia de presencia guerrillera.
En el Meta, Vista Hermosa, un municipio PDET con cultivos de
coca y algo de café, superó los 70 casos por cada 100.000 habitantes en 2022,
una de las tasas más altas del país. A nivel departamental, el Cauca registró
cerca de 29 casos por cada 100.000 habitantes y el Meta cerca de 46,
departamentos que combinan zonas cafeteras con territorios históricamente
afectados por el conflicto y la presencia de grupos armados.
En contraste, el núcleo del Eje Cafetero tiene cifras bajas
pese a su enorme producción. Caldas registró cerca de 8 casos por cada 100.000
habitantes, Risaralda 10 y Santander 9. Los investigadores señalan que esto
puede deberse a una mayor presencia del Estado, así como a la ausencia de
grupos dedicados a la extorsión en los últimos años. Es decir, no todas las
regiones cafeteras son igual de vulnerables, y el problema se concentra donde
el café coincide con el conflicto.
¿Y qué pasa con otros delitos?
El estudio también analizó si la actividad cafetera estaba
relacionada con otras formas de violencia, como los homicidios y los
secuestros, pero no encontró una relación estadísticamente significativa.
Aunque los municipios PDET presentaron una tendencia a registrar tasas de
homicidio más altas, consistente con su historia de conflicto armado, los
resultados no permiten atribuir esta diferencia a la producción de café.
Frente a este panorama, los investigadores plantean que
proteger a los caficultores requiere fortalecer la presencia del Estado,
especialmente en materia de seguridad y justicia. Los autores destacan que
iniciativas como el Plan Cosecha del Huila avanzan en esa dirección, pero
consideran necesaria una estrategia sostenida y coordinada a nivel nacional
para desarticular las redes de extorsión que operan en las zonas rurales.
A esta respuesta debe sumarse la intervención sobre los
factores que aumentan la vulnerabilidad de estas regiones. Consideran
indispensable actuar sobre las economías ilegales, como la coca, que alimentan
la presencia de grupos armados y aumentan la vulnerabilidad de los territorios
cafeteros. Según el estudio, reducir la extorsión en las zonas más afectadas no
solo mejoraría la seguridad y las condiciones de vida de las comunidades, sino
que ayudaría a preservar la producción agrícola legal en uno de los sectores
más emblemáticos del país.
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