En el webinar “Impacto del COVID en el
mercado legal de Productos de Consumo Masivo en Colombia” organizado por la
Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) y, en el cual se contó con la
participación del ministro de Comercio Industria y Turismo, José Manuel
Restrepo, el director de la DIAN, José Andrés Romero, Bruce MacMaster, presidente
de la ANDI y Esteban Giudici, Senior Policy Advisor – Transnational Alliance to
Combat Illicit Trade (TRACIT), se presentó el Estudio sobre la Caracterización
del Comercio Ilegal de los Productos de Consumo Masivo en Colombia.
Durante el encuentro, los panelistas compartieron detalles
sobre las estrategias e iniciativas que están desarrollando cada uno y algunas
opiniones frente a esta problemática que durante años ha afectado a diferentes
sectores de la economía colombiana.
Daniel Rico[1], economista y politólogo con amplia
trayectoria en el estudio de las dinámicas del comercio ilegal en Colombia y
quien lideró con la firma CI Análisis[2] el estudio presentado, destacó algunos
de los principales hallazgos de la investigación:
1. Incursión del
delito en el eCommerce
· Un buen
porcentaje de las diferentes empresas y autoridades consultadas para el
desarrollo del estudio, manifestaron su preocupación por la llegada de estas
prácticas ilegales, adulteración y falsificación, a canales digitales, un campo
que en la actualidad cuenta con un importante número de usuarios y potenciales
clientes para las marcas y en donde los controles de seguridad son menores
comparados con los canales físicos.
· El comercio
electrónico ha reconfigurado los alcances y la anonimidad de las redes de
adulteración, falsificación y contrabando, aquí el nivel de exposición a una
flagrancia es mucho menor, y la monetización de las ganancias también resulta
favorable, en la medida en que los pagos ya quedan dentro del sistema bancario.
· De acuerdo al
estudio, los requisitos de entrada exigidos por las plataformas digitales para
la comercialización de productos son muy simples y los procesos de
corroboración de identidad son bajos, lo cual amplía las posibilidades para que
las redes criminales dedicadas a falsificar y adulterar productos accedan sin
inconvenientes.
2. La corrupción,
un aliado para las redes delictivas
· La corrupción
ha sido uno de los temas más comunes que le dan vida al mercado ilegal en el
país, siendo el motor de algunas redes de comercialización de productos. Este
delito se observa sobre todo en la industria farmacéutica, en medicamentos que
tienen una cadena logística vigilada y que se encuentra bajo accesos
restrictivos.
· La corrupción juega
un papel determinante en estos casos, permitiéndole a las diferentes
organizaciones delincuenciales incidir en procesos estratégicos como los
términos de referencia de las licitaciones de compra de medicamentos.
3. Impactos no
estimados de las políticas públicas en la adulteración/falsificación
· Se puede
afirmar que el desabastecimiento de un producto está altamente relacionado con
su adulteración. Dicha escasez casi nunca se genera por causas de mercado, en
la mayoría de los casos son decisiones de política pública las que generan un
desabastecimiento, ocasionado por: controles de horarios a la venta de un
producto, restringir la libre venta de un producto, trámites adicionales de
compra o establecimiento de cuotas que impiden que una empresa cubra la demanda
total de sus consumidores.
· Un ejemplo de
ello es cuando las autoridades adoptan restricciones en el horario de venta de
licor o ley seca, esto genera en los consumidores una inmediata transición en
la demanda, y empiezan a surtirse de bebidas alcohólicas por canales alternos a
su consumo tradicional, como son los domicilios, compras por internet o con
intermediarios que no acatan la normativa.
· Por esto, la
ampliación de los mercados de la adulteración es en muchos casos una
consecuencia no prevista de las regulaciones que limitan la accesibilidad y los
precios de un producto. Podemos decir que hay una regla de oro, aquellas
decisiones que le cierran o restringen los canales de comercialización a los
PCM legales, le abren nuevos mercados y oportunidades para la adulteración
4.
Capacidades judiciales e investigativas
· De acuerdo a
un informe de la firma de abogados Ruiz Lopez y el cual es presentado por la
ANDI en su estudio, el total de condenados por los delitos de falsificación y
adulteración es de 999 personas, de los cuales un 81% se han acogido a algún
tipo de preacuerdo con las autoridades o sentencia anticipada.
· Estas cifras
reflejan el desempeño que han tenido las autoridades frente a esta problemática
y se contrasta con los datos de otros delitos económicos como el contrabando y
el lavado de activos, donde el número de personas judicializadas son inferiores
al 10%.
.jpg)
