Con
la entrada en vigencia del Reglamento Técnico de Redes Internas de
Telecomunicaciones – Ritel, expedido por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC), que pretende ofrecer alternativas a los colombianos a la
hora de elegir un operador de servicios de telecomunicaciones (internet, TV
digital y telefonía), surgen también nuevas responsabilidades económicas y
operativas, trámites, e ineficiencias tecnológicas para el país, los
constructores, los operadores, las copropiedades y los ciudadanos.
Uno
de los principales elementos del Ritel es que exige que todas las unidades
habitacionales que se construyan en el país bajo el régimen de propiedad
horizontal, incorporen a partir de ahora una infraestructura compleja y
sobredimensionada. Esta situación genera un costo adicional que oscila entre
1.9 y 2.8 millones de pesos por vivienda, sin contar con el valor de las certificaciones en productos y redes, y el de
los trámites adicionales con los operadores del servicio.
En
términos de la política de vivienda, el
cumplimiento del Ritel supone un sobrecosto de 1 billón de pesos en la meta de
construir 400.000 viviendas sociales en el próximo cuatrienio. En el caso de
vivienda diferente a la social, necesariamente esto se verá reflejado en el
precio final de la misma.
Otra
de las preocupaciones que surgen frente al Ritel gira en torno al mantenimiento
de las redes, que por idoneidad y competencia está a cargo de los proveedores
de servicios de telecomunicaciones, sin generar costos adicionales para los
usuarios. Esto ha permitido garantizar la calidad y disponibilidad de los servicios.
Con
la entrada en vigencia del Ritel, esta responsabilidad queda en manos de los
constructores durante un lapso de seis meses después de haber entregado la
vivienda, y posteriormente de la copropiedad, que deberá solicitar el servicio
y asumir el costo.
Lo
anterior debe tener inquietos a los proveedores de servicios de
telecomunicaciones, porque al no tener el control total sobre la instalación y
mantenimiento de las redes, podrían poner en juego la calidad del servicio a
los usuarios, exponiéndose a posibles sanciones.
Ante
este nuevo panorama, la presidente Ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramírez,
dice que “es importante que el Gobierno Nacional implemente oportunamente el análisis
de impacto normativo, analice integralmente los efectos de los reglamentos técnicos sobre la vivienda
y dicte acciones que no imposibiliten su construcción; de acuerdo con lo
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”.
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