El Superintendente de Industria y Comercio,
Pablo Felipe Robledo Del Castillo, fue calificado por un grupo de 200
empresarios como el mejor funcionario del Gobierno del Presidente Juan Manuel
Santos.
Así lo
arroja el más reciente sondeo publicado hoy por el diario económico La
República en el que se indaga la percepción que tiene el sector privado sobre
el primer mandatario, su gabinete y otros altos funcionarios claves en el
desarrollo económico y social del país. De acuerdo con este sondeo, el grupo de
empresarios calificó la gestión del Superindustria con una nota promedio de 3,7
sobre 5.
La
buena calificación significa que los empresarios del país avalan la gestión de
inspección, vigilancia y control a las empresas que viene ejerciendo el
Superintendente de Industria y Comercio contra quienes quieren violan las
normas de la libre competencia, fundamental para el buen funcionamiento de los
mercados, la eficiencia económica y los derechos de los consumidores.
El
Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, llegó al cargo
en octubre de 2012 y desde el mismo momento de su posesión no ha dudado en
tomar decisiones para sancionar tanto a grandes como pequeñas empresas que
violan las normas de Protección al Consumidor, Competencia, Hábeas Data (Datos
Personales), así como las que rigen los Reglamentos Técnicos y la Metrología
Legal y las concernientes a la Propiedad Industrial.
Dentro
de las acciones de la Superindustria bajo su dirección, se destacan históricas
sanciones impuesta a Comcel-Claro (violaciones a la libre competencia), a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y otras empresas del
Distrito por el diseño, implementación y puesta en marcha del nuevo esquema de
recolección de basuras de Bogotá (libre competencia).
Entre
las más recientes actuaciones se destacan los pliegos de cargos por presunta
cartelización en distintos sectores como el azúcar, el cemento, subastas de
ganado, pañales y papel higiénico en las que se encuentran involucradas
importantes empresas multinacionales, multilatinas y nacionales que, según los
pliegos de cargos, se habrían puesto de acuerdo para fijar directa o
indirectamente los precios, repartirse el mercado, distribuirse las cuotas de
participación en el mercado, obstruir mercados o canales de comercialización,
según fuera el caso.
